Historia de Vicálvaro | Capítulo VII, El siglo XX
Nuestro barrio, el gran olvidado, durante casi toda su existencia como tal, estuvo en cierta ocasión en labios de todos. Algo curioso, nuestra débil voz, que nunca llegó a oídos de los concejales, consiguió, sin pretenderlo, en el corto plazo de unos días, hacerse notar en la totalidad del país.
Todo comenzó cuando, ante su inminente estado de ruina, la parroquia del Cristo de la Guía tuvo que cerrar los locales en los que se desarrollaban múltiples actividades. Desde hacía tres años una de sus aulas estaba ocupada diariamente por una escuela puente para niños gitanos dependiente del Secretariado Gitano y subvencionada por el MEC.
Tras sucesivas gestiones del asistente social del Secretariado Gitano encargado de ello, los niños accedieron al colegio público más cercano al asentamiento, el «Doctor Severo Ochoa».
Mientras tanto, algunos padres de alumnos del mencionado colegio prepararon su acción de protesta ante una medida que consideraron provocadora.
El día 8 de enero de 1985, fecha en la que se reanudaban las clases tanto para niños «payos» como «gitanos», existía gran inquietud. A las 9 de la mañana se congregaron a la puerta del colegio madres de alumnos «payos», responsables de la Asociación de Vecinos, periodistas y varias unidades de la policía nacional y municipal.
La concejala del distrito y el director del colegio dieron la orden de entrada. y los niños, escoltados por la policía municipal, cruzaron la puerta del colegio.
Durante esa semana y la siguiente, la expectación creció ante el comportamiento violento de algunas personas. La Asociación de Vecinos intentó clarificar posiciones y borrar la imagen de «racistas» que los medios de comunicación habían difundido.
Las asociaciones gitanas, que hasta entonces no habían aparecido por el barrio —a excepción del Secretariado Gitano—, hicieron su aparición.
El día 14 de enero de 1985 se celebró una asamblea a instancias de UGT, en la que participaron representantes de las asociaciones gltanas, Ayuntamiento y Comunidad Autónoma de Madrid y de los vecinos, además del diputado Juan de Dios Ramírez Heredia. Según todos los asistentes, el resultado fue positivo. Por primera vez, parecía que representantes de la Administración percibían la situación del barrio y se explicaban la causa de lo sucedido. Se comprometieron ante todos los vecinos a dar solución a uno de tantos problemas: la excesiva densidad del asentamiento gitano.
Las posteriores intervenciones de la Administración fueron limitadas y poco importantes, hasta que en mayo de 1986 las tres administraciones, local, autónoma y central, firman un consorcio para llevar a cabo un ambicioso plan: el realojamiento de toda la población marginal de Madrid.